La Comisión de Vivienda de la Asamblea Popular de Tetuán, sobre la demanda puesta ante la ONU por el desalojo de la familia Ben Djazia

El caso de la familia de Mohamed es paradigmático de la situación que nos encontramos en los barrios de Madrid. Desahucios que actualmente son mayoritarios de alquiler y, debido a la falta de respuesta de las Administraciones, de personas que okupan tras haber sido ya desahuciadas previamente. En el caso de Mohamed y de tantas otras familias, asistimos a las ridículas soluciones por parte del Estado ante el drama de los desahucios: Pagar un alquiler un par de meses o ir por un periodo de tiempo muy corto a un albergue. Ninguna solución realista pese a llevar 4 años de desahucios masivos, más de 500.000, con 4 millones de parados, de los que más de la mitad no reciben ningún tipo de prestación o subsidio.
El gobierno de España tiene el descaro de alegar ante la ONU que el IVIMA recibe más de 8.000 solicitudes de viviendas anualmente y que solo conceden 260 al año. La empresa pública de vivienda de Madrid, en años de desahucios masivos, solo conceden alrededor de 260 viviendas al año. Es escandaloso.

La peculiaridad del caso de Mohamed frente a otros casos, es que él había solicitado desde hace más de 12 años una vivienda de alquiler social. Y pese a irse aproximando el momento irremediable de su desahucio, los servicios sociales no hacen nada para buscar una solución factible para su familia. Solo, tras ya producirse el desalojo, le conceden una semana en una residencia. Eso es todo. Todo lo demás es un férreo control social, cargando toda la responsabilidad sobre el propio Mohamed y amenazándole veladamente, tal como recoge el informe de Servicios Sociales que se anexa a las alegaciones del gobierno ante la ONU, con retirarle la custodia de sus hijos. En el mismo informe, como una macabra burla, en agosto, dos meses antes de su desalojo, escribe la trabajadora social:
Ante la resistencia a buscar alojamiento, en Agosto se cita a Mohamed y se le ofrece ayuda económica para pagar un mes de una habitación y la fianza de un piso de no más de 400 euros. Se le informa así mismo que en el caso de que se produzca el lanzamiento el día 11 y no tenga alojamiento, se tomarán medidas de protección hacia los menores”
En ese momento no tenía la familia de Mohamed ningún ingreso, pues hasta septiembre no vuelve a cobrar la renta Mínima ¿Qué alojamiento podía buscar sin ningún ingreso? ¿Qué habitación podía alquilar para hacinarse los cuatro miembros de la familia? Una doble ofensa para esta familia. La ofensa de vivir esa situación de exclusión y la doble ofensa de ser culpabilizados y amenazados con perder sus hijos por quienes deberían garantizar sus derechos.

Los que presionaron para conseguir que le fuese concedida la Renta Mínima no fueron los Servicios Sociales, sino el grupo de Vivienda de la Asamblea de Tetuán. Quien le buscaron un abogado para que tutelase el procedimiento de desalojo, no fue el Colegio de Abogados, cuyo abogado de oficio renunció al alegar que el caso indefendible y aceptarlo el propio órgano de los letrados, ni los Servicios Sociales, fue el grupo de Vivienda de la Asamblea Popular de Tetuán, que contactó con Javier Rubio. Quien urgió a Cáritas para que presentase un informe que retrasase el momento de verse la familia en la calle fue el grupo de Vivienda de la Asamblea Popular de Tetuán, quien acudió en los dos intentos de desalojo a intentar parar esa barbarie de ver a niños en la calle, sin alternativa, no fueron ni los trabajadores sociales, ni nadie del IVIMA, ni nadie de Cáritas, ni nadie del Ayuntamiento, salvo policías municipales armados. Quien estaba allí fue el grupo de Vivienda de la Asamblea Popular de Tetuán junto a mucha gente solidaria de todo Madrid.

Cada desahucio es una vergüenza y la consecuencia de un sistema moralmente enfermo. Familias cuyo delito es ser víctimas de una estructura económica concebida para el enriquecimiento de unos pocos corruptos, el llamado ladrillazo. Un sistema que ha llevado a más de 5 millones de personas al paro, con más de millón y medio de hogares con todos sus adultos al paro. Por eso son completamente inmorales las alegaciones presentadas por el gobierno español ante la ONU, donde responsabiliza de su situación al propio Mohamed. Una forma ruin de descargarse de cualquier responsabilidad una Administración que, con más de medio millón de familias que han perdido su vivienda en estos cinco últimos años, no ofrece ninguna solución viable para garantizar el derecho a la vivienda de tanta gente.

Todo este drama que ha pasado la familia Ben Djazia ha sido ratificado por todas las instancias judiciales españolas. Hasta el Constitucional considera que la Administración ha actuado correctamente no proveyendo de una alternativa para esta familia, como para todas las familias que padecen un desahucio. Por eso, desde el grupo de Vivienda de la APT, consideramos muy positivo que la ONU, cuestione y condene la situación actual, en que cientos de familias son desalojadas de sus viviendas sin tener la obligación las Administraciones de garantizar un derecho tan básico como es el derecho a un techo donde poder vivir. Esperemos que a partir de una condena al Estado español por parte de la ONU, esta situación cambie.

Leave a Reply